El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, cuestionó duramente en declaraciones radiales, la decisión de la Sala II de la Cámara Federal porteña que resolvió anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como “mesa judicial bonaerense”, que incluía al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y a otros funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, además de otros dirigentes políticos y empresarios, acusados de “persecución gremial” y “espionaje ilegal”. En el fallo, que tuvo votación dividida, se afirmó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba.

A través de declaraciones radiales, el titular de la cartera laboral bonaerense, Walter Correa, expresó: “lamentablemente asistimos a otro episodio de parcialidad por parte de la corporación judicial. Esta vez, para alcanzar la impunidad de funcionarios, empresarios y dirigentes políticos que se refugiaron en un argumento tan infantil como la «supuesta ilegalidad de la obtención de la prueba”».

A su vez, agregó: “El sistema está corrompido y los argumentos que brindaron para tomar esta decisión lo reafirma. No podemos olvidarnos que un dirigente sindical fue encarcelado por una denuncia anónima y de las pruebas obtenidas de la misma forma que la Cámara refuta en este caso”. Y agregó: “Me pregunto, ¿cómo se debe calificar a un colectivo de personas que se reúnen para «armar» causas judiciales y criminalizar dirigentes sindicales? El Código Penal es muy claro al respecto”.

En este sentido, continuó con los cuestionamientos a los argumentos utilizados al sostener: “Del ‘Partido Judicial’ no se puede esperar nada bueno para el Pueblo trabajador, dado que, con los criterios que utilizan, seguramente los criminales que intentaron asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podrían ser absueltos por argumentos tales como que: «la bala no salió» o «el presunto agresor fue aprehendido ilegalmente por un sujeto que no pertenece a una fuerza de seguridad».

Por último, precisó que “es necesario que la Cámara de Casación Penal tome la responsabilidad de corregir esta arbitrariedad y salvajada jurídica, porque esto bien puede darse en un contexto de avanzada de las fuerzas que niegan la justicia social y ven a las organizaciones sindicales como un escollo para esclavizar a los trabajadores”. Y concluyó: “es imprescindible una reforma judicial que vaya en consonancia con las necesidades de la población y no de las corporaciones que pretenden entregar a nuestra Patria”.